Volvamos a lo común

La desaparición del concepto de bien común es una de las características más destacadas del discurso político contemporáneo. En nuestra triste España su mera mención puede incluso hacerle a uno sospechoso de "socialista" a ojos de cierta derecha que, no obstante su extravagancia y falta de profundidad intelectual, parece haberse enseñoreado de los altavoces mediáticos. Pero lo cierto es que tampoco la izquierda patria tiene en mucha estima la noción de bien común. Los menos despiertos hasta la calificarían de "reaccionaria" y producto de un vetusto y vergonzoso pasado que se debe enterrar. En realidad, el rechazo a concebir la política en términos de una búsqueda del bien común es transversal y tiene hondas raíces en el pensamiento filosófico dominante. 

Hace casi cuarenta años, en su meritoria obra Tras la virtud, Alasdair MacIntyre llamaba la atención sobre el hecho de que en nuestra época las discusiones morales resultan por completo infructuosas por el hecho de que las partes en disputa ya no hablan el mismo lenguaje. Esto es, no se trata de que existan diferentes ideas acerca de lo que es bueno (lo cual hasta cierto punto puede ser entendible), sino que, directamente, no hay un mismo modo de pensar sobre la propia noción de bien. No es tanto que discrepemos acerca de si una conducta determinada es moral o inmoral, ética o no ética, sino que ni siquiera sabemos qué queremos decir cuando hablamos de moralidad y de ética. Ha desaparecido el que podríamos decir que era el "idioma común" que hasta hace poco dábamos por supuesto que existía y que nos permitía entendernos y mantener un discurso racional sobre lo bueno y lo correcto. Y esto representa un grave peligro que hasta ahora no ha recibido, a mi entender, el abordaje serio que precisa.

La democracia es el gobierno del pueblo. Implica una cierta confianza en la capacidad del pueblo para autogobernarse, para determinar por sí mismo su destino. La fe en la democracia se vendría abajo si no tuviéramos fe en la idoneidad de la discusión libre y desprejuiciada para alcanzar políticas comunes. No hay nada más corrosivo del sistema democrático que la percepción de que el debate político está contaminado por intereses particulares y de que los cuerpos representativos no responden al interés de todos. Pero hoy volvemos a recaer en este mal, y no solo a nivel institucional. La imposibilidad de discutir de forma fructífera sobre cuestiones morales permea toda nuestra sociedad.

¿Cuáles son las raíces del problema? A mi juicio, resulta insoslayable destacar dos de ellas: el individualismo y el sistema económico. 

El individualismo es uno de los rasgos característicos de la modernidad. Es propio del pensamiento moderno atribuir un alto valor moral al individuo, a su capacidad de elección y a su libertad, en detrimento de su pertenencia a grupos sociales y a los vínculos heredados de la tradición. Desde el punto de vista histórico puede entenderse este énfasis como respuesta a determinados abusos muy extendidos tiempo ha, pero debemos plantearnos hasta qué punto esa insistencia en el individuo no ha oscurecido lo comunitario y ha perjudicado más que beneficiado. El individualismo se suele justificar de varias formas, por ejemplo, con la máxima kantiana de tratar a todas las personas como fines en sí mismas, así como mediante la experiencia histórica que nos muestra las atrocidades a las que dan lugar los totalitarismos. La emancipación del individuo parece haberse erigido en el nuevo dogma incuestionado de nuestro tiempo. Pero, hemos de preguntarnos, ¿emancipación de qué? Procurar el mayor bien de la persona es sin duda encomiable, pero ¿tiene sentido aspirar a ello sin una noción clara de lo que implica ser persona, de sus necesidades y de su naturaleza? El hombre, como decía Aristóteles, es un animal político. La vida en sociedad no es fruto del cálculo ni de la fuerza bruta. Estamos impelidos a vivir con los demás, a cooperar con ellos, a construir nuestro proyecto de vida en comunión con otros. La mejor forma de favorecer el bien de la persona, la auténtica "emancipación", consiste en crear comunidades ordenadas según una noción compartida de lo bueno y de lo justo, comunidades donde la integración social sea posible a nivel moral y no meramente al nivel de los instintos primarios. El individualismo exacerbado lo que potencia es lo contrario. Incentiva el fraccionamiento y la división de la sociedad en grupos enfrentados, en pequeños pelotones con identidades artificiales, contradictorias entre sí y meramente ideológicas, que satisfacen la necesidad psicológica de pertenencia del individuo en un contexto de alienación creciente. ¿Qué clase de comunidad política puede construirse donde mi vecino y yo vivimos cada uno en nuestro universo paralelo sin puntos de encuentro?

Pero esa idea perniciosa de emancipación tiene una segunda derivada más peligrosa, que se relaciona con los males de nuestro sistema económico. El capitalismo moderno, por grandes que sean los beneficios que nos ha brindado desde el punto de vista del bienestar material, ha tenido efectos corrosivos en la disolución de los vínculos comunitarios tradicionales y en la forja de un nuevo tipo de individuo que es ante todo consumidor y no ciudadano. Es evidente que disponer de una economía saneada y próspera es esencial para cualquier nación, pero es obligatorio preguntarse a qué precio se busca esto y, sobre todo, cuál es la relación que se establece entre lo económico y el resto de esferas de la vida social. En este sentido, resulta obvio que el capitalismo le ha ganado la batalla a todas aquellas unidades que en el pasado se entendieron indispensables para el bien de las personas: la familia, el barrio, la Iglesia e incluso la propia comunidad política. La inestabilidad familiar a causa de la precariedad y las dificultades de conciliación, la degradación de las zonas urbanas como resultado de un planteamiento dictado por intereses económicos, la destrucción del tejido social de regiones enteras a causa de procesos de desindustrialización mal encauzados, la subordinación del Estado a un mercado global teóricamente anónimo pero que en la práctica nunca actúa en beneficio del ciudadano corriente..., todo ello redunda en un proceso de progresiva privatización del espacio público, sin el cual ninguna noción de bien común es posible, y menos aún en democracia. ¿Cómo podemos recuperar la idea de bien común cuando no hay nada común porque ha sido privatizado?



El resultado final de estas tendencias disolventes no puede ser otro: la pérdida imparable del valor de la democracia, el descrédito de los sistemas representativos y el ascenso de una élite de tecnócratas cuya capacidad de liderazgo no se justifica en función de su autoridad moral o su fidelidad a las convicciones de la mayoría de sus conciudadanos, sino meramente sobre la base de su superior expertise técnico y su supuesta habilidad para promover el crecimiento del PIB. ¿Qué más da que no puedas formar una familia, que tu vecino sea adicto a la pornografía o que tu amiga se vea forzada prostituirse? ¿No ves lo que crece el PIB? Anda, no seas populista, deja hablar a los que saben. 

En la década de los 90 Christopher Lasch nos advirtió sobre las consecuencias demoledoras que esta desconexión entre las élites y el pueblo tendría para nuestras democracias. Lasch también señaló el peligro de la disolución de lo común y el empobrecimiento de la cultura cívica que le es inherente. Observaba con pavor cómo en la sociedad contemporánea iban desapareciendo poco a poco todos los espacios comunes que antes conllevaban una socialización más allá de las estrictas fronteras del hogar, el trabajo y el grupo de amigos. Los parques, los mercados de barrio, las parroquias..., el fin del ágora precede necesariamente a la corrupción de la virtud ciudadana. El Estado se ve reducido a una inmensa maquinaria burocrática dirigida a promover los intereses económicos. La sociedad civil se marchita en favor de una pseudo sociedad líquida conformada por las redes sociales y producto de la creciente atomización individualista. La "rebelión de las élites", como la denominaba Lasch, amenaza la propia idea de democracia.

Cierto es que durante las últimas décadas se han realizado aportaciones muy significativas en el ámbito de la filosofía política en el sentido de revalorizar el papel del discurso y de la razón en aras de potenciar la dimensión deliberativa de nuestros sistemas políticos, como es el caso, por ejemplo, de las teorías sobre la comunicación de Habermas. El mayor escollo, a mi entender, radica en la prevalencia de un enfoque liberal cuya versión más moderna fue enunciada por John Rawls y que pretende fundar la convivencia sin referencia a ninguna noción de la vida buena o virtuosa. Esto ha sido certeramente denunciado por los autores llamados comunitaristas, que sobre todo en Estados Unidos han incidido en la necesidad de partir del sujeto político tal y como en la realidad se nos aparece, es decir, enraizado en una especificidad sociocultural que es irreductible a un mero conjunto de preferencias individuales. No podemos justificar el Estado, la democracia o los derechos humanos sobre la base de un individuo abstracto supuestamente racional que nunca ha existido, y no debemos caer en la tentación de pensar que para garantizar la libertad es preciso suscribir la falsa idea de la neutralidad moral del Estado y la reducción del derecho a una serie de reglas formales dirigidas a proteger unos derechos individuales estrechamente delimitados. La vida en comunidad es mucho más que eso. 

En definitiva, tenemos que volver a lo común. Hemos de recuperar la tendencia a hablar en términos de lo que es bueno para todos, para la comunidad, para la nación, lo que es justo con independencia de los intereses particulares. Para ello, necesariamente, hemos de recrear esos espacios comunes que son la condición indispensable para el arraigo de una visión moral compartida. ¿Qué tal, entonces, si dejas un rato el iPhone y vas a comprar al mercado con tu abuela? 


Bernardo del Nero

Comentarios

Entradas populares